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Inmigración
Hay riesgos e insuficiencias en propuesta
migratoria del senador Marco Rubio:
The Washington Post
 
La propuesta de Ley DREAM del senador Marco Rubio será ineficaz para acercar al electorado hispano a los republicanos a menos que Mitt Romney rectifique su radical postura sobre la migración ilegal, consideró hoy The Washington Post.
 
En un editorial publicado este martes, el diario estimó que si bien genuina, ni esta iniciativa ni la empujada por demócratas "califica como una amplia reforma migratoria" porque sólo resolverían la situación de un millón de jóvenes inmigrantes indocumentados.
 
Aún más, "el peligro en el plan de Rubio es la creación de una clase permanente con estatus de segunda" porque no incluye una avenida para que los jóvenes que se beneficiarían de la ley puedan eventualmente hacerse ciudadanos.
 
Ambas propuestas están orientadas a permitir que jóvenes que fueron traídos por sus padres de manera ilegal, puedan regularizar su situación siempre y cuando continúen sus estudios superiores o sirvan en las fuerzas armadas estadunidenses.
 
La propuesta empujada en el pasado por los demócratas incluye una vía para que estos jóvenes puedan aspirar a ser ciudadanos con goce pleno de los beneficios que confieren las leyes del país.
 
"Rubio espera que su propuesta puedan empezar a enmendar las relaciones con los votantes hispanos, alienados por la línea dura contra los inmigrantes indocumentados que ha permeado en la primaria presidencial republicana", precisó el matutino.
 
Consideró que este esfuerzo parece genuino a partir del hecho de que ningún republicano en el Congreso la ha respaldado, en tanto que Romney, virtual candidato presidencial republicano, se ha mostrado ambivalente al respecto.
 
Consideró que en el distanciamiento de los hispanos de los republicanos y su aparente acercamiento a los demócratas, Romney tiene también culpa parcial.
 
Refirió el hecho de que Romney haya respaldado la controversial ley de migración de Arizona como un modelo a seguir por otros estados con la expectativa de que los inmigrantes indocumentados se "auto-deporten", así como su oposición a la Ley DREAM.
 
Aunque Romney parece ahora estar moderando su lenguaje al respecto con la expectativa de adoptar una postura centrista, el Post consideró que el republicano debería ir más allá.
 
"Sería bueno que su reposicionamiento fuera acompañado con algunas verdades, como que los inmigrantes ilegales han revitalizado la economía del país haciendo los trabajos que otros estadunidenses no quieren", indicó.
 
Asimismo, "que no es ético ni justo para los valores estadunidenses castigar a los niños inmigrantes por los pecados de sus padres", precisó. tve
Resultan heridos tres agentes de
migración en norte de California
 
Tres agentes de Inmigración fueron recibidos a tiros en una ciudad de California cuando ejercían una orden de arresto como parte de una investigación, reportaron hoy autoridades locales.
 
Los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), cuyas identidades no fueron reveladas, resultaron heridos y fueron llevados a hospitales cercanos, pero ninguno se encuentra en estado grave.
 
De acuerdo con el Departamento de Policía de Santa Rosa, California, el tiroteo se registró esta madrugada en un domicilio, luego de que los agentes ejecutaban una orden de arresto en Petaluma, norte de California, cuando fueron recibidos a tiros.
 
Señaló que dos de los agentes fueron llevados en ambulancia a hospitales cercanos y el tercero en helicóptero a otro hospital no especificado.
 
Tras la agresión el domicilio fue sitiado por decenas de agentes de policía local, así como del equipo de Tácticas Especiales conocido como SWAT, sin que se conozcan hasta el momento si existen arrestos de los presuntos agresores.
 
El incidente se registró horas después de que en Carson, en el sur de California otro agente del ICE fue asesinado con arma de fuego en su domicilio y aparentemente por su propio hijo de 14 años en lo que pareció un caso de violencia doméstica. tve
Realizarán vigilias contra brutalidad fronteriza
en ciudades de Estados Unidos de América
 
Organizaciones civiles y legales realizarán hoy vigilias en varias ciudades de Estados Unidos de América en el marco del Día Nacional Contra la Brutalidad Fronteriza y en demanda del esclarecimiento del homicidio del mexicano Anastasio Hernández.
 
El director del Proyecto de Derechos Humanos de la Frontera, Pedro Ríos, precisó que las vigilias se llevarán a cabo en las ciudades de San Diego, Los Angeles, San Francisco, Miami, Boston, Las Cruces, Albuquerque, Mercedes y San Juan.
 
"Desde el 2010, agentes de la Patrulla Fronteriza han matado a nueve residentes de la frontera, miembros de nuestras comunidades fronterizas y han dejado a otros seriamente heridos", denunció Ríos.
 
"En esta jornada contra la brutalidad fronteriza, las organizaciones Presente.org, la Coalición de Comunidades Fronterizas y otros grupos pediremos al presidente Barack Obama y al Departamento de Justicia que conduzca una investigación abierta a la Patrulla Fronteriza", agregó.
 
Además demandarán el esclarecimiento de la muerte de Anastasio Hernández, ocurrida hace dos años luego de que más de una docena de agentes fronterizos lo golpeó y aplicó cinco descargas eléctricas mientras el mexicano estaba esposado a la espalda y tirado boca abajo.
 
El caso fue conocido en todo el mundo porque un joven grabó con su teléfono celular parte de la golpiza que sufrió Hernández, y que luego subió a YouTube.
 
Además, hace dos semanas surgió otro video que muestra y permite escuchar de manera clara a los agentes cuando golpeaban al mexicano, filmado por una turista de Washington, quien pasaba por la garita de San Ysidro la noche del incidente.
 
Hernández murió como resultado de los golpes y las múltiples descargas eléctricas que le propinaron los agentes de la Patrulla Fronteriza en junio de 2010, sin embargo dos años después las autoridades no han responsabilizado a nadie.
 
"Creemos que hay una política de presión al presidente Obama para que ésta y otras muertes no se investiguen a fondo, y las vigilas y una recaudación de miles de firmas nos servirán para demandar justicia", aseguró Ríos. tve
Piden activistas al presidente
Barack Obama parar "deportaciones injustas"
 
Un grupo de líderes religiosos y activistas pidió hoy al gobierno del presidente estadounidense Barack Obama que cumpla la promesa de revisar los casos de deportación, a fin de impedir separaciones injustas de familias.
 
Pidieron al Departamento de Seguridad Nacional y a la comisionada Janet Napolitano que ejerza su liderazgo para que se aseguren que la nueva política de deportaciones sea aplicada consistente y justamente en todo el país.
 
En agosto de 2011,el gobierno del presidente Obama prometió realizar una revisión de los 300 mil casos pendientes en cortes de inmigración y ejercer lo que denominaron discreción procesal.
 
Se requirió que sólo fueran deportados personas con antecedentes criminales y que representen una amenaza para la nación.
 
Rosalía Borja, ciudadana estadunidense, pidió a las autoridades que su esposo Gustavo Quiroz, 27 años, y padre de tres hijos ciudadanos no sea deportado a su natal Honduras.
 
Borja participó junto a dos de sus hijos en el evento realizado por la Comisión de Defensa de la Familia, en la iglesia Saint Luke en el centro de Manhattan.
 
Borja dijo que en abril de 2009, cuando su esposo viajaba a Minessotta para realizar unos trabajos de construcción, fue detenido por agentes de inmigración en el tren que lo transportaba por no tener documentos migratorios.
 
Quiroz, quien vive en Estados Unidos desde hace 10 años, estuvo detenido dos semanas, pero salió con una fianza mientras sus asesores legales piden la discreción del servicio migratorio para que no sea retirado de Estados Unidos.
 
"Inmigración está separando familias. Está separando niños de sus padres. Mi esposo es una persona que no ha cometido delitos. Lo más triste es que mi esposo de un día para otro no esté para mis hijos", señaló Borja.
 
Hasta la fecha, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos (ICE en inglés) ha determinado que sólo el 7,5 por ciento de los casos de deportación a nivel nacional son elegibles para otorgársele una suspensión discrecional temporal virtud de esta nueva política.
 
"El fin es dar inicio a la comisión en defensa de los derechos de la familia, y su unidad", dijo Fabian Arias, reverendo de la iglesia Luterana Zian de Harlem.
 
Añadió que "estas leyes van atentado cada vez más contra la unidad de la familia y estas deportaciones no cumplen las promesas y propuestas hechas por el presidente Obama en los procesos de deportaciones".
 
Los activistas y religiosos agregaron que ICE no están estudiando minuciosamente estos proceso de deportación, ya que están removiendo a personas sin antecedentes criminales y separando familias trabajadoras.
 
"Queremos invitar a toda la comunidad de fe para que se una a nosotros en esta causa en favor de los inmigrantes, en especial crear sensibilidad en ICE para que conozcan a la comunidad inmigrante y cómo procesar sus casos", dijo el reverendo Ramón Almonte.
 
El inmigrante ecuatoriano, Miguel Calle, señaló que hasta ahora se ha beneficiado de evitar la deportación, luego de haber sido detenido por agentes de inmigración y permanecer varios días en un centro de detención.
 
"El gran error que cometimos fue venir y trabajar en este país y dar nuestra vida. Llevo 20 años y he pagado mis impuestos. Nunca me han puesto una multa de la policía. No es justo que un día nos digan que los indocumentados están de más", dijo Calle.
 
El miércoles 9 de mayo se cumple el plazo otorgado por Inmigración para tomar una decisión en el caso de Quiroz, si es deportado o no a su natal Honduras.
 
Calle , por su parte, debe regresar a una corte el 25 de julio, y dijo que espera que las autoridades le permitan vivir aquí junto a su familia.
 
 
Apelan indocumentados a discreción procesal contra deportación
 
Madres, jóvenes y activistas en proceso de deportación urgieron hoy al gobierno del presidente Barack Obama a fin de que acelere alivios a sus casos bajo una discreción procesal que les permita trabajar y vivir legamente en Estados Unidos.
 
"No soy un criminal, no soy un peligro para otra gente, lo que quiero es lo mejor para mi familia", dijo el joven mexicano Juan Chegala, acompañado por su madre, Josefa Silverio, en una conferencia de prensa frente al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Washington.
 
Su abogada, Sheena Wadhawan, expresó su esperanza de que el ICE acepte su petición porque entraría entre los casos de baja prioridad que incluyen a personas sin antecedentes penales y padres de familia con hijos nacidos en Estados Unidos, entre otros.
 
A la conferencia asistieron familias inmigrantes, acompañadas de niños, que pidieron a la secretaría de Seguridad Interna, Janet Napolitano, que suspenda sus casos de deportación.
 
Todos ellos portaban letreros que decían: "Justicia para todos", "No más abusos" y "Respeto".
 
"No quiero volver a separarme de mis hijos", dijo entre lágrimas la guatemalteca Elvia Lizzette de la Cruz, quien señaló que es víctima de violencia doméstica y que ingresó ilegalmente al país para reunirse con sus cuatro hijos.
 
La activista salvadoreña Juana Miranda, a quien recientemente el ICE le concedió permanecer en el país bajo la discreción procesal, dijo que muchos inmigrantes indígenas indocumentados sufren discriminación en las cárceles del país.
 
"No más deportaciones ni separación de las familias", afirmó.
 
"No soy un criminal, soy un buen hombre, un buen padre", dijo el inmigrante Elmer Zedíos, quien tiene una hija de 4 meses que fue operada recientemente por una enfermedad del hígado.
 
El director de la organización comunitaria Casa de Maryland, Gustavo Torres, señaló que la secretaria Napolitano "nos ha fallado en proteger a nuestras familias".
 
El dirigente evitó comentar sobre las consecuencias políticas del disfuncional sistema de inmigración y la cifra récord de deportaciones este año electoral, al afirmar que el impacto político "se verá más adelante" y que el enfoque ahora es mantenerse unidos.
 
El ICE indicó en un comunicado que el 9 por ciento de unos 300 mil casos bajo la política de discreción procesal reúnen los requisitos para su aprobación, pero los activistas indicaron que la entidad ha aprobado el cierre administrativo menos del 1.5 por ciento del total.
 
En una teleconferencia este lunes, la activista de Nueva Orleáns, en Luisiana, Jacinta González, dijo que este martes cuatro trabajadores en proceso de deportación defenderán ante un juez de inmigración no solo sus casos sino de otros colegas en situaciones similares.
 
"Esta es la oportunidad del ICE para demostrar que actualmente respetan los derechos civiles y que están listos para instrumentar la política de discreción procesal", afirmó. tve
 Inicia en Estados Unidos de América
segundo ciclo de cine "Indocumentales"
 
Con la proyección de la película "abUSed: La redada de Postville", comenzó hoy el segundo ciclo de cine "Indocumentales", un esfuerzo por sensibilizar al público estadounidense sobre las frecuentes tragedias vividas por inmigrantes indocumentados en este país.
 
Basada en la historia de la redada de trabajadores indocumentados más grande de Estados Unidos, el documental será proyectado en el Centro Juan Carlos I de España, de la Universidad de Nueva York (NYU), y contará con la presencia de su realizador, Luis Argueta.
 
"El ciclo tiene dos misiones. La primera es generar más debate sobre el tema de la migración en este país, y la segunda, es encontrar nuevas formas de colaboración a partir del cine, que puede ser una herramienta muy importante de debate y comunicación", dijo Carlos Gutiérrez.
 
Codirector del proyecto, Gutiérrez aseveró en entrevista con Notimex que el ciclo viajó durante varias ciudades de Estados Unidos durante su primer año, además de que se vincula con varias universidades, no sólo para proyectar filmes sino para proponerles una metodología para debatir.
 
"Una de las grandes maravillas del cine es la posibilidad del espectador de identificarse con los personajes retratados en las películas, y esa es su fuerza, que da la posibilidad de conectar con temas más grandes que la propia experiencia individual", afirmó el codirector.
 
Gutiérrez, director de la promotora de cine latino en Nueva York Cinema Tropical, es uno de los codirectores del proyecto, además de Shamina de Gonzaga, quien encabeza el organismo What moves you" (Qué te mueve), dedicado a impulsar el arte público y el debate social.
 
Luego de la exhibición de los filmes, además, se organiza un panel de discusión sobre el tema de la película y, en general, sobre la experiencia migratoria en Estados Unidos.
 
"Se trata de que las voces que no se escuchan normalmente en el debate migratorio sean escuchadas. Las proyecciones están acompañadas al final de conversaciones con personas que presentan perspectivas que no tienen espacio en los medios de comunicación masivos", sostuvo De Gonzaga.
 
Tras la presentación de "abUSed La redada de Postville" en Nueva York, será proyectada la película "Al otro lado", de Natalia Almada, sobre un compositor de Sinaloa que se enfrenta a la disyuntiva de unirse al narcotráfico o cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
 
Esta producción cinematográfica será proyectada el próximo 24 de mayo en el cine Artists' Television Access, en la ciudad de San Francisco, en California. tve
 Demanda gobierno de Estados Unidos a
sheriff Arpaio por discriminar hispanos
 
El Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso hoy una demanda contra la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, a cargo de Joe Arpaio, por discriminar a los residentes hispanos y de ejercer represalias contra sus críticos.
 
La demanda, ante una Corte federal en Phoenix, Arizona, pide a un juez emitir una orden que excluya a los agentes del sheriff de prácticas discriminatorias.
 
El recurso legal también pide al juez que solicite a la corporación policiaca implementar políticas y entrenamientos para remediar el "patrón de prácticas de conducta ilegal", que investigadores federales sostienen encontraron en la oficina del sheriff.
 
La demanda se interpone luego de que en diciembre pasado el Departamento de Justicia acusó a la Oficina del Sheriff de aplicar el perfil racial en detenciones de tránsito e inmigración y discriminar contra hispanohablantes en las cárceles de su jurisdicción.
 
La dependencia federal dio entonces un ultimátum a la corporación para llegar a un acuerdo cuyo cumplimiento pudiera ser verificado por una Corte con capacidad de emitir órdenes para detener las prácticas anticonstitucionales.
 
De no alcanzarse dicho compromiso, las autoridades federales interpondrían una demanda.
 
Las negociaciones entre el Departamento de Justicia y la oficina del Sheriff se rompieron en abril pasado al fallar el intento de establecer un monitor designado por la Corte que supervisaría el cumplimiento del acuerdo.
 
Al interponerse la demanda este jueves, corresponderá ahora a un juez federal el determinar la validez de las acusaciones del gobierno federal contra la Oficina del Sheriff y qué pasos deberá dar esa corporación para corregir las presuntas prácticas discriminatorias.
 
Las acusaciones presentadas en diciembre pasado contra la corporación se sustentan en una investigación de tres años del Departamento de Justicia.
 
La Oficina del Sheriff comandada por Arpaio se negó a cooperar con los investigadores federales al negarse a entregar documentos o permitirles el acceso a las cárceles del condado, hasta que en 2010 se le obligó a través de una orden judicial hacerlo.
 
Los investigadores federales revisaron miles de páginas de documentos y realizaron más de 200 entrevistas con el personal del sheriff y exreclusos de las cárceles.
 
Como resultado, el Departamento de Justicia aseguró haber encontrado un patrón generalizado o práctica de discriminación contra los latinos.
 
Los investigadores argumentaron que la Oficina del Sheriff seguía y continúa actualmente un patrón o práctica de tratamiento anticonstitucional contra los hispanos, tanto dentro de las cárceles como en las detenciones por violaciones de tránsito.
 
La demanda presentada este jueves contiene más detalles que el informe de la investigación dado a conocer en diciembre.
 
El recurso destaca que el arresto del activista Sal Reza durante las protestas contra la ley SB 1070 y la acusación de la Oficina del Sheriff contra el ex procurador del condado de Maricopa, Andrew Thomas, se dieron como represalias a las críticas que hacían contra la corporación.
 
Arpaio, el controversial sheriff del condado de Maricopa, es conocido en Estados Unidos por su dura posición antiinmigrante, al utilizar a su corporación para realizar con frecuencia redadas orientadas a detener indocumentados.
 
El sheriff se califica a sí mismo como "el alguacil más duro de Estados Unidos".
 
Entre las acciones que lo han hecho controversial, se incluye el albergar a los reos de la cárcel del condado en carpas, a la intemperie, con temperaturas de hasta 45 grados centígrados y el obligar a los internos a utilizar ropa interior de color rosa. tve
Piden al gobierno de Estados Unidos
cambios sustanciales al
programa Comunidades Seguras
 
El gobierno estadunidense debe hacer cambios más sustanciales en el programa Comunidades Seguras y cumplir las promesas de usar la sensatez en casos pendientes de deportación, pidió hoy el periódico The New York Times.
 
Señaló que pese a que el gobierno del presidente Barack Obama anunció en abril pasado un plan para reformar el programa Comunidades Seguras, que obliga a la policía estatal y local unirse y ampliar la búsqueda de indocumentados, éste no redujo el número de detenciones.
 
A partir de ahora, cuando un inmigrante que sea detenido por un agente local por violar una ley de tránsito, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidirá si lo mantiene detenido para su deportación, sólo después que haya sido condenado, no antes.
 
El periódico indicó que en teoría ese cambio podría reducir el número de personas detenidas y deportadas, "pero eso es improbable. Y no arregla las fallas fundamentales en un programa desacreditado".
 
El gobierno ha enfrentado duras críticas por parte de los agentes del orden y de defensores de los inmigrantes por detener demasiados delincuentes menores y no criminales a medida que se expande el programa Comunidades Seguras y aumenta el número de deportaciones.
 
El número de deportaciones alcanzó ya la cifra récord de 400 mil al año, afirmó The New York Times.
 
En junio pasado, el ICE emitió notas a sus funcionarios en las que les solicitó usar la "discrecionalidad judicial" " y que se abstengan de perseguir personas que no representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional.
 
Además para descongestionar los tribunales de migración, el gobierno anunció en noviembre pasado que revisaría cerca de 300 mil casos de deportación pendientes para ver si se les podría aplicar la discreción a casos de baja prioridad.
 
Sin embargo, el diario señaló que esas promesas no han llevado a ningún cambio significativo.
 
Hasta abril de este año, el ICE había revisado cerca de 228 mil casos pendientes y tan sólo ha cerrado tres mil de ellos.
 
Analistas consideraron que el problema con la "discreción" y Comunidades Seguras es que muchos de los agentes de policía locales no están capacitados de manera adecuada en el tema de migración y el acoso contra los inmigrantes continúa.
 
El diario añadió que la confianza entre comunidades de inmigrantes se ha visto afectada ya que las personas tienen demasiado miedo a denunciar los delitos y cooperar con la policía.  tve
Aprueba legislatura de Alabama
cambios a ley antiinmigrante HB56
 
La legislatura de Alabama aprobó cambios a la controvertida ley antiinmigrante HB56, para reforzarla con clarificaciones y definiciones, a menos de un año de haber entrado en vigor.
 
La Cámara de Representantes votó la noche del miércoles 68 contra 37 para aprobar los cambios y sumarse así al voto del Senado.
 
Al inicio de la sesión, un grupo de opositores a la ley antiinmigrante trató de bloquear la entrada de los legisladores al recinto, ubicado en un edificio adjunto al Capitolio Estatal en Montgomery.
 
La iniciativa con las enmiendas a la ley pasará ahora al gobernador Robert Bentley para su firma y ratificación".
 
"Hay un montón de buenos cambios que ayudan a los ciudadanos y auxilian a nuestras empresas", dijo el representante estatal republicano Mickey Hammond.
 
Sin embargo, la nueva iniciativa no cambia la parte fundamental de la HB56, en la que se autoriza a los policías el tratar de determinar el estatus migratorio de una persona, cuando los detienen por alguna infracción de tráfico, si tienen una "sospecha razonable" de que estén ilegalmente en el país.
 
También se continuarán requiriendo documentos migratorios para obtener el título de propiedad de un automóvil, la licencia de conducir y para establecer un negocio.
 
Los legisladores sí eliminaron ahora la necesidad de identificarse o mostrar pruebas de ciudadanía para realizar transacciones con los gobiernos locales, incluida la obtención de una licencia de matrimonio en las cortes.
 
En la nueva propuesta se mantiene la exigencia de que las empresas utilicen el programa federal E-Verify para verificar si las personas que van a contratar para un nuevo empleo están autorizadas a trabajar en el país.
 
Sin embargo, ahora las compañías que hacen negocios con las entidades públicas no serán responsables de los subcontratistas, a menos que pueda demostrarse por "claras y convincentes" pruebas que se tenía conocimiento que el subcontratista prestaba sus servicios con trabajadores indocumentados.
 
La iniciativa añade un nuevo requerimiento en el que establece que las Cortes deberán enlistar los nombres de personas sospechosas de ser indocumentadas que han sido presentadas ante esas instancias por arrestos o detenciones, y precisar el resultado de los casos.
 
Legisladores simpatizantes de los cambios, la gran mayoría de ellos republicanos, aseguraron que las nuevas previsiones permitirán monitorear cómo está siendo aplicada la ley.
 
En cambio, los opositores sostuvieron que ese monitoreo servirá sólo para detectar y colocar una "letra escarlata" a los residentes de origen hispano.
 
Durante la sesión legislativa del miércoles, los opositores a la HB 56 intentaron bloquear la entrada de la Cámara de Representantes y del Senado, y seis de ellos fueron arrestados y esposados por la policía.
 
"Creo que existe una maldición generacional en el estado de Alabama", dijo Theresa de León, una de las manifestantes, al precisar que primero ocurrió la reubicación de los americanos nativos a reservaciones indígenas, luego el movimiento por los Derechos Civiles, y ahora esta ley enfocada en los hispanos.
 
A lo largo de la sesión, decenas de manifestantes congregados en el vestíbulo de la legislatura, gritaron y cantaron en voz tan alta que sus voces se oían en los diferentes pisos del complejo.
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